El doble lucro de una funeraria con la donación de cuerpos a la ciencia
La desaparición de un cadáver destapó una trama a pequeña escala con cuatro encausados
La voz de alarma la dio una empleada del mortuorio del Hospital La Fe de Valencia a mediados de diciembre de 2022. El Ayuntamiento de Albal se iba a hacer cargo de los gastos del sepelio de un hombre francés que vivía en la indigencia. Pero su cuerpo no había llegado a la localidad, en la que estaba empadronado, para recibir las exequias. El consistorio trasladó su inquietud al hospital por lo ocurrido. Pero el centro sanitario sólo pudo confirmar que la Funeraria Montesinos, una pequeña empresa de la capital del Turia con más de tres décadas de experiencia y especializada en repatriaciones y embalsamientos, había recogido los restos mortales.
Para entonces, estos ya se encontraban en una sala de disección. Según el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, dos empleados de la funeraria se encargaron presuntamente de falsificar, tanto ante el hospital como ante el Registro Civil, toda la burocracia para hacer constar que el fallecido había donado su cuerpo a la ciencia. En uno de esos documentos, además, uno de los trabajadores ocultó su identidad bajo un nombre falso.
No era la primera vez que ocurría algo así, tal y como destaparía después la operación policial 'Thanatos', pero hasta ese momento nadie se había dado cuenta de la existencia de una presunta trama que se lucraba de cadáveres cedidos, o que aparentaban serlo, a la docencia y la investigación, pues existen «serias dudas» sobre «la realidad de los documentos de donación» de los cuerpos. La apertura de una causa judicial sobre estos hechos desembocó en una segunda más amplia con otros siete casos anteriores bajo sospecha. Ahora, tras casi dos años de investigación, los dos procedimientos –a la espera de los últimos recursos– se ven abocados al juicio oral. El instructor ha procesado a cuatro hombres –dos responsables de la funeraria y dos trabajadores– por los supuestos delitos de estafa y de falsedad de documentos tanto públicos como privados. Aunque en un primer momento el magistrado archivó el caso para los dueños de la empresa, la Audiencia de Valencia ordenó investigarles a ellos también como pedía la Fiscalía.
Constan en total ocho hechos de este tipo entre octubre de 2020 y diciembre de 2022. Las víctimas seguían siempre un mismo patrón: personas extranjeras o muy vulnerables a las que tenían el convencimiento de que nadie iba a reclamar. En ellos tuvo un papel relevante, según indica el juez en su auto de procesamiento, uno de los trabajadores de la funeraria quien, ayudado por su compañero, «elaboraba los documentos inexactos, realizando gestiones en los mortuorios de hospitales y centros de tercera edad, en el Registro Civil, con el fin de disponer del cadáver de los fallecidos y facturar los servicios funerarios». La legislación española deja claro que cualquier donación debe ser voluntaria y sin compensación. Pero las universidades que recibieron esos cuerpos sí abonan los costes de este acto altruista. La compañía bajo lupa ingresó 6.000 euros por unos traslados que «de otra manera no hubieran conseguido».
La enfermera de una residencia aseguró haber firmado el consentimiento «sin ser consciente realmente del contenido del mismo», al entender «bajo el engaño» del trabajador de la funeraria –que había rellenado el papel– que era un trámite necesario para el entierro de un anciano. En algunos casos, consta en los documentos que algún pariente autorizó la donación, pero la Policía no ha podido contrastarlo con ellos al no poder localizarles. En otros, se informaba a los familiares de que no podían reclamar las cenizas de su ser querido o desconocían el trámite para poder hacerlo. Un detalle que adquiere relevancia a tenor del siguiente paso de la trama.
El negocio continuaba una vez los restos anatómicos habían cumplido su cometido, en el momento de incinerarlos. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera pagó 4.500 euros por nueve incineraciones, entre enero de 2018 y abril de 2020, pero no consta que fueran llevadas a cabo en ningún crematorio de Valencia. «No se pudo localizar el destino de tales cadáveres», indica el auto judicial. De la confesión de uno de los trabajadores investigados se extrae que «la funeraria introducía varios cuerpos en un mismo féretro» antes de la incineración para luego emitir facturas diferentes. Es decir, ahorraban costes y multiplicaban los beneficios de forma ilícita. Mismo modus operandi que habrían utilizado con la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia (UV), que abonó en 2021 dos facturas de 270 euros cada una por unas incineraciones que no se llevaron a cabo.
Protocolos dispares
«Se produjo un enriquecimiento injusto», a costa de las universidades, «de una manera un tanto penosa, al tratarse de actividades sobre cadáveres, que aunque legalmente tiene la consideración de objeto para el derecho, no podemos olvidar que son restos humanos, de personas que han fallecido, a los cuales se le debe tener cierto respeto y consideración», señala el juez. Ambos centros afectados defienden la solidez de sus protocolos, aunque algunas fuentes consultadas por ABC señalan que algunos son más laxos que otros a lo largo del país.
En el caso de la UV, el documento para ser incluido en el Programa de Donación de Cuerpos sólo puede ser registrado en vida por el donante y dos testigos. De hecho, ninguna de las 60 cesiones que la universidad pública recibió en 2023 estaba autorizada por terceros, un escenario que reservan sólo a casos muy concretos en los que una institución sociosanitaria es responsable de una persona sin medios. Además, las familias sí pueden pedir las cenizas tras finalizar el estudio. Un trámite que gestiona la funeraria –se trabaja con distintas– que atiende su caso.
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